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11 mayo 2020

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Mecanismos Alternativos para Expandir Redes de Banda Ancha

Mecanismos Alternativos para Expandir Redes de Banda Ancha

Los ocho países que integran la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA): México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, se encuentran actualmente en el proceso de digitalización y en el cierre de la brecha digital. De igual forma que otras regiones, se enfrentan diversos retos para lograr este objetivo, como lo son, la actualización de los marcos normativos, el desarrollo de infraestructura, la imposibilidad de poner espectro para el desarrollo de la Banda Ancha, desigualdad social y los altos índices de pobreza y pobreza extrema.

 

A pesar de esto, los países han encontrado formas para aportar al cierre de la brecha, estableciendo mecanismos alternativos de acuerdo con sus posibilidades y realidades, que van desde fondos propios hasta fondos de acceso universal, pasando por asociaciones público-privadas.

 

En el caso de Guatemala, el 18 de enero de 1997, por medio del decreto 94-96 del Congreso de la República, se creó el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, como un mecanismo financiero administrativo para promover el desarrollo de servicio telefónico en áreas rurales y/o urbanas de bajos ingresos. El fondo se alimentó, durante sus primeros 8 años, principalmente del 70% de los ingresos por subastas públicas de frecuencias radioeléctricas y a partir del noveno año de existencia el fondo pasó a depender de fondos provistos por el Ministerio de Comunicaciones. En la actualidad este fondo está en proceso de análisis de factibilidad para ampliar su alcance de Telefonía a Banda Ancha, basados en el concepto de Convergencia, no obstante, por algunas iniciativas de los gobiernos locales, desde hace varios años se está trabajando temas sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, prevención de embarazo en adolescencia, con diferentes herramientas de la Tecnología de la Información TIC, por medio de la banda ancha móvil.

 

En Honduras, el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (FITT), nació como una estrategia para lograr el acceso universal a la infraestructura de Internet y a los servicios de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la reducción de la brecha digital. Se destinó a la promoción y desarrollo de proyectos en materias de telecomunicaciones y sus aplicaciones en las TIC, garantizando la igualdad de oportunidades para los beneficiarios a través de los proyectos que son subsidiados y/o financiados para potenciar el crecimiento en aquellas zonas o comunidades desatendidas, promoviendo el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna y eficiente y a precios asequibles y competitivos.

 

El Ente Regulador hondureño, CONATEL, está trabajando en el Plan Nacional TIC, donde plantea hacer uso de estos recursos para lograr los objetivos del fondo, incluyendo incentivos para la formulación de contenido local.

 

Existen también iniciativas de organizaciones como ISOC, que han desarrollado programas para el empoderamiento digital de comunidades, como es el caso de la Comunidad Indígena Lenca, donde se creó la primera estación de radio en el país operada completamente por mujeres, se dio acceso a Internet a las personas Lenca a través de redes comunitarias y se fomentó el uso de la lengua lenca. La aceptación fue abrumadora. La mayoría de ellos no sabía lo que es el Internet, pero conocen su potencial. Los comités para supervisar el desarrollo de la red fueron elegidos con una combinación de liderazgo local y jóvenes curiosos que están ansiosos por abrir sus mentes a la tecnología.

 

El Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía de El Salvador, es administrado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y su objetivo es facilitar el acceso de los sectores rurales y los de menores ingresos, a los servicios de electricidad y telefonía. Mediante subastas, el fondo financia la construcción y mejoramiento de infraestructura para el suministro de energía en áreas rurales y de bajos ingresos de la población y también subsidia el consumo de energía eléctrica en proyectos de bombeo y rebombeo de agua. El financiamiento está disponible para todos los municipios sin distinción de categoría de pobreza y se alimenta de subastas del espectro radioeléctrico, entre otros. Cabe mencionar que este fondo se utiliza tanto para el financiamiento de proyectos de electricidad, como para telecomunicaciones. Hasta la fecha, la mayoría de los proyectos financiados han sido de electricidad, ante esta situación, la Superintendencia de General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), por medio de asociaciones público-privadas y resultados de negociaciones de la renovación de licencias de espectro, ha articulado varios proyectos para la reducción de brecha en los 14 departamentos del país, como la dotación de servicios de conexión a Internet a un total 750 centros escolares públicos. El proyecto es realizado en coordinación con la SIGET y el Ministerio de Educación (MINED), dentro del programa de “Conectividad de las Escuelas Integrales para la Paz”.

 

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) a través del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (FITEL), viene realizando esfuerzos significativos para fomentar e incentivar la participación de los operadores privados de telecomunicaciones en la prestación de servicios de telecomunicaciones y TIC al sector rural del país.

 

Se ha experimentado un crecimiento y aparición de nuevos servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas del país, no tanto así en las zonas rurales, por lo que, para garantizar la asequibilidad y accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones, se necesita reducir y eliminar la brecha de eficiencia de mercado y la brecha real de acceso.

 

Como parte de este crecimiento y el proceso de la transición de la televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Nicaragua, se liberó 108 MHz de Espectro Radioeléctrico, se realizaron cambios para liberar esta banda, atribuida con anterioridad a servicios de radiodifusión televisiva en UHF para ser utilizado en la prestación de servicios de banda ancha móvil, en la banda 700 MHz (698–806 MHz), con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico y reducir la desigualdad social.

 

Existe también un desarrollo de infraestructura en paneles solares con respaldo de baterías y motores generadores, por parte de Telefónica junto con el Gobierno, para poder llegar con Banda Ancha Móvil a sitios en los cuales no se cuenta con electricidad, logrando cubrir más de ochenta comunidades.

 

Por otro lado, la Fundación Zamora Terán, sin fines de lucro, creada en 2009 para desarrollar el programa “Una Computadora por Niño” por el futuro de la niñez, ha unido esfuerzos con empresas privadas, gobiernos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, países amigos y personas individuales para construir el futuro de la niñez, implementando el proyecto Mochila Digital, que consiste en una tableta de educación para aquellos que antes no tenían acceso a la tecnología y a la educación, logrando conectar 27 mil niños y niñas en 89 escuelas, una niñez motivada y convertida en protagonista de su aprendizaje, docentes empoderados por ser parte del cambio y a quienes se ha brindado capacitaciones y materiales de apoyo didáctico. El programa educativo convirtió a Bluefields y Puerto Cabezas, del Caribe nicaragüense, en las primeras ciudades digitales y a Ometepe en la primera Isla digital.

 

En el caso costarricense, la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica (SUTEL), regula el mercado de las telecomunicaciones y administra el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), ejecutando los programas y proyectos por medio de los operadores, con el fin de promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, reduciendo la brecha digital, garantizando mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha, por ejemplo el programa de Hogares Conectados, que facilita las mismas oportunidades a las familias en situación de pobreza, para que tengan acceso a una computadora y puedan utilizar Internet de manera segura, responsable y productiva, para buscar información clave e importante, para el estudio, para el trabajo y para la vida diaria. Este Programa que fue apoyado desde la Vicepresidencia de la República, dota de computadoras portátiles y acceso a Internet fijo de 2 megas, subsidiado durante tres años, a familias en situación de pobreza ubicadas en los distritos de atención prioritaria, preseleccionadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para generar oportunidades de desarrollo, educación y productividad. 140 mil familias deberán recibir este servicio para finales del 2018.

 

Otro programa administrado y ejecutado por la SUTEL es el de Comunidades Conectadas, cuyo objetivo es ampliar la oferta de servicios de telecomunicaciones a la población y Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en zonas rurales, alejadas y catalogadas en condición de vulnerabilidad social, económica y cultural. Los centros definidos son: escuelas y colegios públicos, Sedes de Ebais, Cen Cinai y Centros Comunitarios Inteligentes. El programa forma parte de la Agenda de Solidaridad Digital; el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Estrategia Nacional CR Digital del Gobierno de la República. Tiene como visión universalizar el acceso de los servicios de telecomunicaciones en todo el país.

 

El programa atiende parte de los 75 distritos prioritarios definidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y los 24 Territorios Indígenas del país. Al primer trimestre del 2018 el avance del programa Comunidades Conectadas a nivel nacional es de un 63% y se espera completar el 100% del país en el año 2020.

 

En el procedimiento de creación de los proyectos, se involucra a los interesados, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas ubicadas en la Zona Sur y el Caribe de Costa Rica, enviaron sus planes y peticiones al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para tener servicios de telefonía fija e internet que permitan mejorar las condiciones de vida de estas comunidades indígenas.

 

Para alcanzar los beneficios socioeconómicos de la Banda Ancha Móvil, el Gobierno Panameño tiene claro que, el Estado, los proveedores de servicio y la ciudadanía, deben involucrarse en sus respectivos roles.

 

En el caso del Estado, identificando y atribuyendo la mayor cantidad de espectro posible para el desarrollo de la Banda Ancha Móvil, revisando el modelo económico de asignación de nuevo espectro, considerando la posibilidad de establecer compromisos de expansión para las redes móviles, a cambio de reducir el costo del espectro, potenciando los aportes del Fondo de Acceso Universal para el financiamiento de Proyectos en asociaciones público-privadas para el despliegue de redes móviles y estableciendo programas de capacitación, proporcionando las herramientas a la ciudadanía.

 

Los Proveedores de Servicio, deben adecuar sus redes para poder suplir las necesidades de banda ancha móvil, impulsar el desarrollo del IPv6 en sus sistemas para poder brindar conectividad a toda esa gente/cosas que interactuará en el ecosistema digital e incluir en sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) el desarrollo de las TIC.

 

Los Ciudadanos deben aprovechar las herramientas tecnológicas que el Estado ponga a su disposición y adoptar una Cultura TIC, con el fin recibir en forma segura y responsable sus beneficios.

 

Como resultado de lo anterior y para materializar los beneficios socioeconómicos de la Banda Ancha Móvil, se creó el plan “Acceso Universal Panamá”, que promueve y garantiza el servicio y acceso universal a los servicios originados con la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio de la República de Panamá, aumentando la calidad y cobertura para los ciudadanos que, por sus limitaciones de tipo geográfico o económico, no tienen acceso.

 

La Red Nacional de Acceso Universal (RNA) de Panamá, ofrece a una mayor cantidad de ciudadanos la posibilidad de acceso a los procesos electrónicos del Estado y provee una plataforma digital para impulsar la competitividad de las pymes y su inclusión a la economía formal, además de dotar a los productores agropecuarios, de herramientas tecnológicas y de información y de comunicaciones para la comercialización eficiente y directa de sus productos, fomenta además la educación digital y establece mecanismos de comunicación Ciudadano-Estado. Esta red logra conectar un 77% de la zona rural, con un total de 929 sitios.

 

En la República Dominicana, la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98, crea “Contribución al desarrollo de las telecomunicaciones” (CDT), que consiste en un aporte del dos por ciento (2%) sobre:

 

  1. Los importes percibidos en el mes anterior a la liquidación de la CDT, antes de impuestos, por concepto de facturaciones a los usuarios finales de servicios públicos de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión; y
  2. Los importes percibidos por los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones en el mes anterior a la liquidación de la CDT, por concepto de saldos de corresponsalía (liquidación) por servicios internacionales, excepto los de radiodifusión.

 

La CDT se aplica en un porcentaje fijo al financiamiento del órgano regulador y en un porcentaje fijo al financiamiento de proyectos de desarrollo. Los porcentajes respectivos son establecidos por la reglamentación.

 

Cada prestador de servicio público de telecomunicaciones debe depositar en una cuenta especial del órgano regulador, en un Banco con sede en la ciudad capital de la República Dominicana, el importe total de la CDT. En octubre Del 2017, se publicó el “Reglamento Sobre la Recaudación de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT)”, con el objetivo de agilizar la implementación de proyectos por medio de este fondo.

 

Por último, en México la reforma constitucional y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 14 de julio de 2014, incluyó un nuevo régimen legal de concesiones sociales comunitarias e indígenas, que se pueden otorgar a organizaciones de la sociedad civil que no persiguen ni operan con fines de lucro y que están constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad e igualdad de género y pluralidad.

 

En marzo de 2015 se puso en marcha el programa México Conectado, proyecto que tiene como objetivo llevar conexión gratuita a Internet de banda ancha, a sitios y espacios públicos como escuelas, centros de salud y bibliotecas, entre muchos otros. Actualmente se cuenta con servicios contratados en más de cien mil sitios, de los cuales aproximadamente el 30% se encuentran en zonas rurales y se conectan a través de tecnologías satelitales. Se brinda también servicio a 4270 comunidades en zonas aisladas y remotas a través de los servicios de telefonía rural comunitaria que brindan voz y acceso a Internet.

 

La Red Compartida es una red pública mayorista de telecomunicaciones de servicios móviles que pretende lograr una cobertura de al menos 30% de la población del país, para finales de marzo del 2018 y de un 92% de la población del país, para enero del año 2024, impulsando de esta manera el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, a partir de un servicio exclusivamente mayorista, llegando de esta manera a lugares donde no hay cobertura, permitiendo la oferta de servicios de banda ancha en zonas que actualmente no tienen servicio o en las que sólo existe una opción.

 

COMTELCA coordina y promueve la integración y el desarrollo de las telecomunicaciones/TIC en los países que la integran, así como las de orden internacional, dictando las resoluciones con carácter de cumplimiento obligatorio para sus Miembros, por medio de un marco jurídico que permita a los países armonizar las regulaciones y administrar los Sistemas de Telecomunicaciones para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Esto nos permite proveer de herramientas y mejores prácticas para el desarrollo de mecanismos alternos para el cierre de la brecha digital.

 

Estamos conscientes que los países presentan diferencias en la penetración de servicios de Banda Ancha, en el espectro atribuido para servicios móviles, por lo que tenemos un Plan de Trabajo enfocado en el desarrollo de la infraestructura, en la armonización y uso del espectro radioeléctrico, en el uso y aprovechamiento de las TIC en áreas de educación y salud y la generación de políticas con visión de género. Es nuestro objetivo aportar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 10 para la reducción de las desigualdades entre los países.

 

 

Allan Ruiz

Secretario Ejecutivo de COMTELCA

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