Con la pandemia del COVID-19 buena parte de nuestra vida se desplazó al hogar, el que se convirtió también en el centro de nuestras actividades laborales. Es obvio que la emergencia sanitaria no nos vino a señalar la criticidad de la conectividad de banda ancha y su importancia para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, pero ha venido a hacer patente los déficits existentes y actúa como catalizador del debate en torno al carácter de internet como servicio esencial que debe ser garantizado y cómo lograrlo. Particularmente ha puesto de resalto la necesidad de robustecer los accesos de banda ancha fija en el hogar. También, aunque tampoco sea novedoso, puso en evidencia las desigualdades de nuestra región respecto del resto del mundo y las existentes al interior de nuestros países. En síntesis, se exteriorizó en toda su magnitud y de forma patente la tan mentada “brecha digital”.
En su reciente trabajo sobre “El Estado de la Digitalización de América Latina frente a la Pandemia” realizado por TAS LLC para el Observatorio del Ecosistema Digital de la CAF, se advierte que a partir de modelos desarrollados para el caso de SARS, los países con una infraestructura de conectividad desarrollada pudieron mitigar en un 75% las pérdidas económicas asociadas con la epidemia, y (ii) más de 56% de la fuerza de trabajo de países latinoamericanos enfrentan condiciones de disrupción, ya que tan solo 23% pueden continuar trabajando gracias al teletrabajo.
En la emergencia los países de la región han adoptado medidas como limitar cortes de servicios, suspender aumentos de precios, reducir barreras locales al despliegue e incluso reducir algunos gravámenes. Todas ellas tienen carácter temporario. Al mismo tiempo se empieza a debatir a futuro qué cambios debe adoptar la regulación y las prácticas regulatorias en la región para acelerar el cierre de la “brecha digital”.
En un subcontinente en el que la inversión privada en TIC represente más del 80%, la regulación juega un rol trascendental. Redes de gran capacidad, cobertura y baja latencia cada día serán más necesarias, sobre todo para la productividad de nuestras economías y ello será el resultado de buenas políticas públicas y no de buenos deseos ni de la proclamación de derechos. Dedicar tiempo al debate y estudio de esa cuestión, de la fiscalidad del sector, del acceso a infraestructura pasiva, de la simplificación y modernización regulatoria, de los nuevos mecanismos de gestión del espectro, será sin duda necesario y relevante para potenciar la inversión, bajar precios y ampliar la cobertura.
Desde los tiempos de la privatización y desregulación de las empresas telefónicas sabemos que el mercado por sí solo carece de incentivos para asegurar la universalidad del servicio y que la acción estatal directa o indirecta a través de ayudas económicas es necesaria para que los beneficios de la conectividad lleguen a todos. El instituto del servicio universal se ha consolidado como un modelo al respecto. Sin embargo, su desempeño no ha estado siempre a la altura de las expectativas puestas en él.
Sin perjuicio de todo aquello que se pueda hacer para ampliar la esfera de acción del mercado el mejor aprovechamiento de los fondos de acceso y servicio universal se impone. Existe una amplia experiencia aprovechable en mecanismos competitivos para subsidiar oferta a través de subastas inversas. También es creciente la necesidad de subsidiar demanda para lo que también hay mecanismos que pueden incentivar la competencia entre oferentes. Una de las cuestiones a abordar es que la inclusión digital no es solo infraestructura de conectividad asequible sino también equipos terminales asequibles, habilidades digitales y contenido que estimule la adopción de las tecnologías. Un tema no menor en este sentido es la adecuada coordinación con otros programas de la Agenda Digital país y una visión holística.
Los fondos de acceso y servicio universal deben poder ampliarse en su uso, pero también complementarse con aportes de otras áreas de gobierno y de los presupuestos nacionales. Si el conjunto de una nación se beneficia con la digitalización es entonces el conjunto el que debe aportar a ella.
Así como las subastas inversas permiten la asignación eficiente de los recursos, el sistema de aporte o prestación (“pay or play”) también posibilita reducir los costos administrativos y asegurar que los fondos se destinen al fin legamente previsto y que no se acumulen sin uso, o se los emplee para otros destinos ante las recurrentes necesidades fiscales de los estados.
Debe haber adecuada información sobre las redes existentes, tecnologías de las mismas, distancias a redes troncales (en este sentido el PERT de Brasil o el IDECOM de Argentina constituyen instrumentos interesantes), y otros datos socioeconómicos para poder seleccionar adecuadamente los proyectos a implementar con los FSU, buscando el mayor retorno social de la inversión realizada.
Asimismo, traer a valor presente flujos futuros de fondos permitiría acelerar el proceso de inversión de modo de contribuir a reducir la brecha digital más rápido.
En síntesis se trata de revisitar los fondos de acceso y servicio universal para, a la luz de más de 20 años de experiencia, introducir ajustes en su funcionamiento en base a las mejores prácticas y pensar también “fuera de la caja” alternativas para conectar a los no conectados.
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