Surgida a fines de los años 80 como un artículo suntuario, la telefonía móvil siguió el ciclo de otras innovaciones: artículo suntuario-masificación-elemento indispensable.
Las mal llamadas redes móviles, en realidad redes inalámbricas se han convertido en un elemento esencial de la conectividad. La tecnología y el desarrollo de los servicios inalámbricos ha hecho mucho más por la universalización de los servicios de telecomunicaciones que presupuestos oficiales o fondos del servicio universal. Sin ir más lejos entre el período comprendido entre fines del siglo XX y los inicios del XXI se dieron encendidos y prolongados debates sobre cómo asegurar el servicio universal a partir de la desregulación que estaba teniendo lugar en aquél entonces de los servicios de telefonía fija. En aquél entonces este objetivo estaba asociado al servicio de telefonía. Pues bien, si se hubiera mantenido la necesidad y el criterio en ese servicio hoy no se hablaría más de la necesidad de llevar conectividad con el servicio universal. Decisiones regulatorias como el “Calling Party Pays” (CPP) y comerciales, como la modalidad prepaga de los servicios, expandieron rápidamente la telefonía móvil. Hace ya algunos años que en Latinoamérica el promedio es la existencia de un teléfono o más por habitante, o sea, desde un punto de vista aritmético, la universalización del servicio.
Claro que, sin embargo, cuando pensamos que la meta esta alcanzada o cerca, el devenir de nuestra civilización nos muestra que hay que dar un paso más para satisfacer las necesidades y derechos básicos de las personas. Hoy la conectividad (y mejor dicho la conectividad significativa) de banda ancha es indispensable para la inclusión social.
El espectro radioeléctrico como el insumo esencial de redes de acceso fijo y móvil es pues un activo esencial y su eficiente administración y gestión adquieren una importancia vital, particularmente en los umbrales de los servicios de quinta generación y la explosión del internet de las cosas.
Como todos los recursos el espectro es limitado particularmente en determinadas circunstancias de tiempo y lugar. La regulación puede hacerlo más escaso o más abundante, que tenga un uso más eficiente y eficaz o lo contrario.
Reservas de espectro no utilizado, protección a quien no lo usa más allá de un plazo razonable, asignaciones de un mayor ancho de banda que el necesario, limitaciones a los usos posibles, son ejemplos de hechos que evidencian una deficiente gestión del recurso.
La inclusión digital no solo supone acceder a conectividad sino a que dicha conectividad sea significativa o como se dice en otras latitudes que el acceso a internet sea funcional. Ancho de banda, dispositivo adecuado cuentan por el lado de la infraestructura, asequibilidad por el lado del precio y uso, el que se encuentra asociado a este último elemento (precio) y a las capacidades y habilidades personales.
Mientras la pandemia mostró en Latinoamérica la necesidad de mejorar el acceso fijo a internet, la realidad es que para muchas comunidades la única posibilidad de conexión inmediata son las que proveen las redes inalámbricas. Optimizar su uso, llevarlas a niveles de LTE, reducir su costo de despliegue mediante medidas fiscales y regulatorias es una necesidad del momento para acelerar el cierre de la brecha digital, particularmente la brecha de cobertura.
Es necesario, sin embargo, identificar adecuadamente el problema que la causa; si estamos frente a una brecha de asequibilidad y no solo de infraestructura, aquellas medidas, aunque necesarias, serán insuficientes. Será necesario entonces complementarlas con eventuales subsidios a la demanda. De todas maneras, existen sobradas experiencias internacionales que nos van enseñando que es mucho lo que aún podemos hacer por reducir la brecha de cobertura mediante el uso más eficiente del espectro, la compartición de infraestructura (activa y pasiva), los criterios de adjudicación de espectro y el mejor uso de los fondos de servicio universal.
*Ex Secretario TIC de Argentina. Consultor independiente y docentes especialista en infraestructura y regulación de la economía digital.
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