Dra. Lidia Margarita Fromm Cea. – Honduras
Dra. Lidia Margarita Fromm Cea. – Honduras
Imagine a Rosa, propietaria de una pequeña tiendita en una comunidad rural de América Latina. Ella recibe una transferencia en su teléfono y, en teoría, ya forma parte de la economía financiera digital. Sin embargo, su señal es inestable, los datos móviles consumen una parte importante de sus ingresos, el agente más cercano está a 1 kilometro y medio de distancia y varios comercios todavía no aceptan pagos digitales. Si algo falla, Rosa no sabe a quién acudir. La cuenta existe, pero su capacidad para ahorrar, cobrar, pagar, enfrentar una emergencia o hacer crecer su negocio continúa limitada. Esta escena resume una paradoja regional: hemos avanzado en tecnología y cobertura, pero el verdadero desafío es transformar ese acceso en un uso autónomo, seguro y valioso para cualquier ciudadano o ciudadana, ya sea que vivan en el área urbana o el área rural. Por eso, hablar de inclusión financiera exige mirar más allá de la pantalla y preguntarnos qué cambia realmente en la vida de las personas.
Durante años, la bancarización se observó principalmente mediante la relación de personas y empresas con instituciones bancarias: cuentas, depósitos, créditos, sucursales o corresponsales. Estos indicadores siguen siendo importantes, pero no cuentan toda la historia. La inclusión financiera es más amplia: pregunta si los servicios están disponibles, si se utilizan con frecuencia y propósito, si son comprensibles, pertinentes, asequibles y seguros, y si contribuyen a que una persona pueda cumplir sus obligaciones, absorber un choque, planificar o alcanzar una meta. En otras palabras, la titularidad de una cuenta es una puerta de entrada, no una prueba suficiente de inclusión efectiva.
La diferencia es decisiva para nuestra región. Una transferencia puede acreditarse puntualmente y aun así imponer costos de transporte, espera, datos o retiro. Una mujer puede aparecer como usuaria aunque comparta el teléfono y dependa de otra persona para autenticarse. Una microempresa puede recibir pagos digitales, pero quedar encerrada en una plataforma o acceder a crédito con costos poco transparentes. Si medimos únicamente cuentas abiertas o transacciones realizadas, podemos celebrar avances que todavía no se traducen en autonomía, resiliencia o bienestar. Los buenos indicadores deben seguir la trayectoria completa: acceso, uso, calidad, costo, seguridad, capacidad de reclamar y resultados para la persona.
La economía digital está reorganizando la manera de producir, comerciar, trabajar y prestar servicios públicos y privados. Los pagos inmediatos, las billeteras, las redes de agentes, las finanzas abiertas, la identidad digital y la inteligencia artificial pueden reducir tiempos, acercar servicios y adaptar productos a necesidades que antes resultaban costosas de atender. También amplían el número de actores que intervienen en una misma experiencia: bancos, cooperativas, microfinancieras, fintech, proveedores de pagos, empresas de telecomunicaciones, plataformas, comercios y entidades públicas. La persona usuaria quizá solo vea una aplicación, pero detrás de ella opera un ecosistema completo de tecnología, reglas, incentivos y responsabilidades.
Ese ecosistema genera inclusión cuando sus condiciones habilitantes funcionan de manera articulada. La cobertura debe convertirse en conectividad asequible, estable y segura; la identidad debe facilitar el reconocimiento sin excluir a quienes poseen documentación incompleta; los pagos necesitan interoperabilidad, aceptación y mecanismos de reparación; los agentes requieren liquidez y soporte; y las personas necesitan información clara, capacidades y asistencia en el momento oportuno. Si uno de estos eslabones falla, la innovación puede quedar subutilizada o reproducir desigualdades de género, ingreso, edad, discapacidad, territorio o pertenencia cultural. La tecnología abre posibilidades, pero no sustituye el diseño institucional ni el conocimiento de la última milla.
La velocidad y la facilidad de uso también pueden ocultar decisiones con consecuencias importantes. Una aplicación ofrece crédito en cinco minutos, pero fragmenta el costo; solicita acceso a datos dentro de un texto extenso; o reduce un límite mediante un modelo que nadie explica. Un mensaje fraudulento, una suplantación de identidad, el cambio no autorizado de una tarjeta SIM o una falla de un proveedor tecnológico pueden afectar el patrimonio y la privacidad en segundos. Por ello, la confianza no debe tratarse como una campaña de comunicación: se construye con desempeño, transparencia, protección de datos, trato justo, ciberseguridad, continuidad operativa y respuestas eficaces.
La responsabilidad tampoco puede trasladarse automáticamente a la persona por haber presionado el último botón. Los proveedores y las autoridades deben anticipar recorridos de fraude, aplicar controles proporcionales al riesgo, monitorear señales, explicar decisiones relevantes y ofrecer canales humanos accesibles para reclamar y obtener reparación. La alfabetización financiera y digital es indispensable, pero no reemplaza la obligación de diseñar servicios seguros. Una innovación responsable protege especialmente a quienes enfrentan mayores barreras, porque una solución aparentemente neutral puede producir resultados muy distintos según el dispositivo disponible, el idioma, la conectividad, el tiempo, el ingreso o la posibilidad real de elegir.
América Latina acumula experiencias valiosas: digitalización de transferencias gubernamentales, redes de corresponsales, pagos instantáneos, créditos digitales, programas de educación financiera y plataformas para mipymes. El reto consiste en dejar de observarlas como proyectos separados y construir una estrategia sistémica. Esto exige definir el problema público antes de enamorarse de una solución; identificar poblaciones y territorios prioritarios; coordinar a reguladores, instituciones financieras, telecomunicaciones, gobiernos locales y organizaciones; asegurar financiamiento durante todo el ciclo de vida; y establecer una teoría de cambio que haga explícito cómo cada intervención contribuirá al bienestar, la productividad o la resiliencia.
También exige reconocer que los promedios esconden personas. Las barreras de una productora rural con ingresos estacionales y un teléfono compartido no son las mismas que enfrenta una mipyme urbana, una persona mayor, un migrante o alguien con discapacidad. Segmentar no significa fragmentar la política: significa comprender recorridos, costos y riesgos concretos para que un estándar común produzca resultados equitativos. Del mismo modo, monitorear no es llenar un tablero. Los datos, las quejas, los incidentes y la evidencia territorial deben activar decisiones: corregir un proceso, fortalecer un canal, detener un piloto que genera daño o escalar una solución que ha demostrado valor.
Como profesional vinculada a las políticas públicas y al desarrollo humano, he aprendido que una innovación solo genera valor cuando responde a problemas reales, reconoce las condiciones del territorio y produce resultados verificables para las personas. Es urgente que juntos construyamos una mirada integral que parta de las brechas y que identifique las condiciones habilitantes; que compare modelos y soluciones financieras digitales amparadas en regulación y ciberseguridad y que formule políticas públicas, teorías de cambio y hojas de ruta capaces de convertir el diagnóstico en acción. No se trata de memorizar tendencias, sino de aprender a evaluarlas y decidir responsablemente.
América Latina no necesita elegir entre innovación e inclusión: necesita diseñarlas juntas. Cuando ponemos a las personas en el centro, la economía digital puede ampliar libertades, fortalecer actividades productivas y hacer más resilientes a hogares, empresas e instituciones. Esa oportunidad depende de las decisiones que tomemos hoy. Les invito a recorrer este aprendizaje con curiosidad, rigor y el compromiso de construir finanzas digitales que verdaderamente incluyan y generen desarrollo.
